La Sareb echa a decenas de familias de sus casas para que Sánchez las pueda ofrecer en campaña electoral

La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) tiene en marcha varios procedimientos para echar de sus viviendas a decenas de familias en varios municipios de España. En concreto, el banco malo está intentando acelerar al máximo los desahucios debido a que Pedro Sánchez ha prometido en plena campaña electoral movilizar 50.000 viviendas de la sociedad para destinarlas a alquiler social.

Uno de los casos de desahucio afecta a once familias del municipio pontevedrés de Barro. Los vecinos de un bloque de pisos contaban con un contrato de alquiler, que han estado pagando religiosamente hasta 2021, cuando recibieron una orden de desahucio. En concreto, las viviendas y un local comercial eran propiedad de un promotor, pero le fueron embargados en 2019 y sacados a subasta en 2020. Fue entonces cuando la Sareb los adquirió, incluso a sabiendas de que dichas viviendas tenían inquilinos.

Hasta que recibieron la orden de desahucio notificada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Caldas de Reis hace dos años, los vecinos de Barros desconocían la situación. «Nunca se les informó de que las viviendas y el local comercial habían salido a subasta, ni de que habían sido adquiridos por la Sareb», explica el abogado de dos de los inquilinos a OKDIARIO. Además, el letrado asegura que el banco malo nunca se puso en contacto con ellos, ni intentó llegar a un acuerdo para regularizar la situación.

El abogado comenta que a los pocos días de la notificación por carta, se celebró un juicio en el que no se permitió a los inquilinos «ir acompañados de sus abogados». Fue en ese momento cuando se les notificó que las viviendas y el local comercial habían sido adquiridos por la Sareb en subasta. «No pudieron concurrir a la subasta ni ejercer su derecho de retracto, no cumplieron con ninguno de los procesos», asegura el letrado, que además asegura que en las tasaciones de los inmuebles se especificaba que algunos estaban habitados.

«Desde entonces hemos intentado negociar con ellos en varias ocasiones sin éxito. Ahora, cuando el caso ha saltado a los medios, ha sido cuando al menos ha habido un encuentro entre todas las partes. Hemos enviado una propuesta de compra y seguimos a la espera de una respuesta», dice el abogado, que recuerda que la fecha límite para alcanzar un acuerdo entre las partes es el próximo 30 de junio.

De igual manera, una situación similar se está produciendo en la localidad valenciana de Alfafar. Una treintena de familias han recibido un burofax de la inmobiliaria Hipoges, gestora del patrimonio de la Sareb, en el que piden a los vecinos que abandonen las viviendas, según informan medios autonómicos. A estos casos se suman varios más, que pueden dejar a decenas de familias en la calle.

Miles de casas okupadas

De las 50.000 viviendas de la Sareb que Pedro Sánchez ha prometido que va a movilizar para alquiler social, casi 10.000 están okupadas. En concreto, en torno a 2.500 viviendas han sido asaltadas por okupas conflictivos, con los que se cierra la puerta a poder firmar un alquiler social. Se trata de inmuebles a los que los trabajadores sociales de la Sareb han acudido en varias ocasiones para intentar negociar con los okupas sin éxito. En esos casos, se procede a solicitar el desahucio.

A estas 2.500 viviendas se suman otras 3.100 okupadas por personas vulnerables, lo que significa que en la mayoría de casos hay menores. Estas están en una fase de estudio, para decidir si la sociedad firma un alquiler social con los okupas.

Por otro lado, hay unas 4.100 viviendas que la Sareb denomina «alquiler de mercado», pero están en situación irregular y con diversas problemáticas. Por ejemplo, hay varios casos en los que un promotor que quebró ha firmado un alquiler con una familia, entonces el juez tiene que decir si el alquiler que se firmó hace tiempo es válido o no.